Las mil y una dilaciones

La situación de la ex ministra de Economía, Felisa Miceli, condenada a cuatro años de prisión y algunas cosas más por delitos no definidos ni demostrados, deja un sabor amargo. Peor aún: fue condenada por sospechas. Los jueces la consideraron partícipe de un delito que no especificaron. Estas líneas no tienen como objetivo esbozar una defensa de la ex funcionaria, sino señalar un desequilibrio, de verbalizar la sensación de que la Justicia apresura y endurece su accionar en algunos casos y abusa de la suavidad y la dilación hasta el infinito en otros. Después de once años, De la Rúa resultó sobreseído por los asesinatos de 2001; la banda de los Ale inocentes y mientras Marita Verón continúa ausente; Macri sigue impoluto por lo que hizo y todo lo que piensa hacer; Magneto disfruta de una libertad inmerecida por la expropiación de Papel Prensa, gracias a su participación en delitos de Lesa Humanidad; Menem, gestor de los estropicios económicos, institucionales y políticos más graves de la historia reciente, está impunemente integrado a la vida democrática. La Justicia no entiende que su función es proteger a los ciudadanos y castigar a quienes los agreden. Hasta parece que lo hiciera al revés. Y la Corte: nadie sabe lo que hacen Los Supremos. Un “sí pero no” permanente. La resolución definitiva sobre la constitucionalidad de la LSCA está enredada en una vorágine incomprensible. Todos se pasan la pelota pero nadie se atreve a marcar el tanto.

Como sea, una de las corporaciones más importantes del país –y la más nociva- ostenta un escudo infalible. Aunque parezca que no, todavía gobierna y sus aliados y apologistas brotan por todos los poros, plagando de pestilencias a la Democracia. A cada paso, miles de obstáculos reiterativos y absurdos. Demasiada provocación para la paciencia de los ciudadanos. Casi una burla.

En las últimas elecciones presidenciales, los ciudadanos optamos por un proyecto basado en la supremacía de la política sobre la economía, en la devolución de los bienes expropiados por un gobierno cómplice en beneficio del poder fáctico, en la redistribución del ingreso para lograr una mayor equidad, en una soberanía irrenunciable que prioriza los intereses del país sobre cualquier otro, en un colectivo solidario identificado con sus gobernantes y en una Justicia que se atreva a convalidar su razón de ser. Por todo esto votó la mayoría, pero una minoría parece empeñada en arruinar esta película, que no los perjudica, pero les molesta. En los noventa, todo era más fácil porque los cuatreros permanecían en las sombras. Ahora están expuestos en toda su monstruosidad y fiereza; exhiben armas y blasones, guardianes y voceros, panegiristas y lacayos. No les bastó llevarnos a la ruina, no les alcanza con que estemos pagando sus deudas, no se satisface su avidez con todo lo que nos han extirpado, que es gran parte de lo que tienen. Ante este cuadro, muchos de los encargados de administrar justicia parece que siguen mirando con simpatía a las fieras que persisten en vivir a costa de nuestras miserias.

Los Supremos mostraron algo de eso. El Máximo Tribunal se negó a convalidar una ley que hace más de tres años fue aprobada por los Representantes del Pueblo, en sus distintas expresiones partidarias. Una norma elogiada no sólo por sus promotores sino por intelectuales, académicos, periodistas, presidentes extranjeros, funcionarios de organizaciones internacionales y otros muchos que la consideran imprescindible para democratizar la sociedad. Un ordenamiento que reemplaza el ilegítimo y vetusto reglamento impuesto por la Dictadura y las desprolijidades y contubernios del Infame Riojano. Algo debe haber pasado entre mayo y diciembre para que los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se enreden en semejante contradicción. Un impulso repentino los debe haber conducido a desoír las recomendaciones presentadas por la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

Primero plantearon un límite y cuando ese límite fue burlado por el Monopolio y los jueces aliados, después del contundente dictamen del fiscal Uriarte y del fallo del juez Alfonso sobre la constitucionalidad de la LSCA, vuelve a dejar en manos de la Cámara Civil y Comercial la decisión definitiva. Un tribunal integrado por jueces que rechazaron recusaciones hechas en su contra, algo inusual y hasta fugado de toda lógica y que han demostrado en su accionar una nunca disimulada afinidad hacia el Grupo Clarín. Uno de sus integrantes, Francisco de las Carreras, beneficiado con un viaje de 15 días a Miami con todas las estrellas incluidas para cuestionar la LSCA en un Congreso pagado por los organizadores, uno de los tentáculos del Monopolio. Jamás fallará en contra del benefactor. Por el contrario, con el destino de Clarín en sus manos, dilatará lo más posible toda decisión, abusará de su poder para dificultar la decisión del Poder Ejecutivo, que es ni más ni menos que aplicar una Ley.  

¿No conocen los Miembros de la Corte estos vericuetos? ¿O acaso están deseando alguna reacción por parte del oficialismo? ¿No advierten que de esta manera siguen alimentando los falsos argumentos de los carroñeros? ¿No sospechan que de esta manera puede resentirse la estabilidad institucional? ¿O están sembrando dudas sobre la legitimidad política de las decisiones presidenciales y de sus funcionarios? ¿O querrán poner en jaque a la Cámara y dejar en evidencia su complicidad? ¿En qué estaban pensando el jueves? Demasiadas preguntas para este culebrón intragable.

La Presidenta ironizó sobre los intentos de los que quieren retornar al referirse a la posibilidad –en broma, por supuesto- de que “llenen la costa atlántica con pirañas y tiburones”. Por supuesto, nada de esto va a pasar. En el predio de la Rural, apenas lograron juntar bagres, moncholos y algunas viejas del agua. “A pesar de las agresiones y las cadenas nacionales, no le tenemos miedo, señora Presidenta”, se envalentonó el presidente de la Sociedad Rural, Luis Etchevehere ante unos quinientos solidarios con la causa de los estancieros. “Esta Navidad no se pudo hablar en familia –se lamentó Alfredo de Angeli- Tuvieron la habilidad de dividir al pueblo. Tenemos que empezar a luchar para unir a la familia”. Tal vez exaltado por el fervor contagioso de los paquetes asistentes, bramó: “Señora Presidenta, no hable de paz si no la practica”. Todo sea por defender a los patricios, que además de no saldar el precio vil por el que se apropiaron del inmueble, lo explotaron económicamente, incumpliendo todas las pautas establecidas en el traspaso.

“A los que quieren fabricar incendios, acá tienen a una presidenta brigadista”, desafió Cristina desde la Casa de Gobierno, en un acto multipropósito que, entre otras cosas, se destinó a la entrega de camiones autobomba para el Plan de Manejo del Fuego de la Secretaría de Medio Ambiente. En referencia a los incidentes de la semana pasada, La Presidenta afirmó que “se quiso parodiar lo que había sido el 19 y 20 de diciembre cuando el país realmente se incendiaba”. “Los saqueos y la articulación de sectores políticos y sindicales con sectores de marginalidad para provocar este tipo de cosas –destacó- esto no tiene nada que ver con la política y mucho menos con el peronismo, sino que esto tiene que ver con una suerte de impotencia”.

La Primera Mandataria aprovechó la ocasión para enumerar cada uno de los logros de la gestión kirchnerista y destacó la disminución del coeficiente de Gini, el índice sobre la desigualdad, que en 2003 era de 0,475 y ocho años después descendió a 0,394. Pero también habló de los jueces, de sus sueldos, jubilaciones y exenciones impositivas. Y de sus funciones. “Les pido que se encarguen de defender a los ciudadanos, aunque no pido milagros”, bromeó en relación a las corporaciones. Porque de eso se trata todo esto, no de milagros sino de justicia. Una justicia que también debe cambiar sus paradigmas; que entienda que en una democracia el poder debe estar en el Pueblo y no en las corporaciones; que debe abandonar sus prácticas decimonónicas para adaptarse al ritmo del siglo XXI; que debe emprender una batalla cultural en sus entrañas. Y sobre todo, que debe frenar –y no proteger- a los salvajes que pretenden llevarse todo por delante. Hasta a la propia Justicia.