Piquetódromo para todos

Desde que Cristina habló del tema en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, las contradicciones están de fiesta. Los que antes se quejaban por los piquetes, ahora se están convirtiendo en sus apologistas. Y parece que los que llevaban como lema no reprimir la protesta social, ahora quieren repartir palos para todos lados. Mientras algunos dicen que los piquetes fueron funcionales en los principios del proyecto K, otros consideran que favorecen la desestabilización institucional. Como siempre, la disputa por la calle y la conquista del discurso. Todo para confundir, como siempre.

Para muchos de los que estamos consustanciados con el kirchnerismo, que se hable de reglamentar las protestas hace un poco de ruido. Pero los cortes de rutas y autopistas por cualquier motivo –por más justificado que sea- contribuyen más a caldear el ambiente mediático que a buscar soluciones reales para los afectados. Y, sumado a esto, el riesgo de un altercado invita a pensar otras alternativas para hacer visibles los problemas de algunos conciudadanos. Pero, una ley de esta naturaleza puede convertirse en una herramienta peligrosa en manos poco amigables. Por eso, hay que leer con atención este proyecto y limar todas las aristas que presente. Sus autores enfatizan que su propuesta busca garantizar y afianzar derechos: el de peticionar y el de circular.

De acuerdo a esta proposición, “las manifestaciones no podrán ser desalojadas hasta que no haya una mediación civil que será la encargada de pactar las condiciones del fin de la protesta, identificar las demandas y coordinar encuentros entre los manifestantes y los representantes estatales o entes privados”. El objetivo de la norma parece ser más la búsqueda de solución a los conflictos antes que profundizarlos. Por eso, "el uso de la fuerza pública será limitado a su mínima expresión".

Pero no todos se oponen. Algunos miran esta iniciativa con una amplia sonrisa, lo que hace temer sobre su conveniencia. La vice-Jefa del Gobierno porteño, María Eugenia Vidal, precandidata del PRO para des-gobernar la provincia de Buenos Aires, celebró la regulación de las protestas, pero pidió que se apliquen “penas más claras para su incumplimiento”. Difícil creer que sea éste el objetivo que persigan sus autores. La idea no es castigar, sino ordenar. En todo caso, lo que se busca es que las protestas no se conviertan en un arma de desestabilización, siempre funcional a los carroñeros. Y, de ser posible, lo mejor sería que las protestas no existan, que no sean necesarias. Algo muy difícil en una sociedad que, a pesar de los avances producidos en estos diez años del proyecto K, todavía sigue presentando muchas desigualdades.

Opiniones y alaridos

Lo importante es, como siempre, el debate honesto y comprometido. Esto dejaría afuera de la discusión el doble discurso y los dicterios arteros. Y no perder de vista que toda ley debe buscar el mejoramiento de la situación y no todo lo contario. Entonces, lo primero es considerar si es adecuado el uso del término ‘represión’. Reprimir es negar derechos, no garantizarlos; es castigar el disenso, no regular su manifestación. Por el contrario, el texto de este complejo proyecto afirma que "el Estado garantizará que las manifestaciones legítimas, cuyo objeto sea dar visibilidad a reivindicaciones de derechos o demandas ante autoridades públicas o entidades privadas, cuenten con la adecuada difusión en medios públicos ya sean radiales, televisivos, gráficos y digitales". Quien interprete en estas líneas que el Gobierno quiere reprimir, que cambie de oftalmólogo.

Lo que siembra un poco de confusión es la calificación ‘legítimo’, que sugiere siempre la presencia de ‘lo ilegítimo’. En principio, y de acuerdo a lo que han explicado sus autores, tiene que ver con el requisito de aviso con 48 horas de anticipación ante la realización de la protesta. Este parece ser el único parámetro de diferenciación. No es un pedido de permiso sino una instancia de notificación, que brinda un tiempo para buscar alternativas de solución. No significa una calificación al conflicto sino al procedimiento organizativo. Quizá debería suavizarse la terminología y considerar las protestas sólo como previstas o imprevistas, por ejemplo, que incluiría a aquéllas que son producto de una emergencia circunstancial, como un fenómeno climático o un corte de servicios. Lo que parece ser más importante es evitar la sorpresa y articular las soluciones. Y, para despejar dudas, el diputado Carlos Kunkel, uno de los firmantes del proyecto, afirmó que “se trata de un conjunto de normas persuasivas en vez de represivas. El derecho a la protesta está garantizado”. El autor de la iniciativa, el legislador por Chaco, Juan Manuel Pedrini, destacó que “la protesta social es un hecho relevante en la sociedad argentina y en toda sociedad los hechos importantes requieren de una reglamentación”.

Pero siempre están los que se encargan de propalar desconcierto para extraviar a la opinión pública. El diputado radical Miguel Bazze manifestó que “el Gobierno en lugar de preocuparse tanto por prohibir las manifestaciones sociales debería abocarse a tratar de resolver los problemas que en muchos casos las generan”. En ningún lugar del proyecto se sugiere la prohibición, porque interpretar algo por el estilo requiere una intención malsana. Además, como un buen cacerolero, considera que el Gobierno Nacional es el culpable de todos los problemas, cuando, muchas veces, la solución del conflicto está en manos de las autoridades distritales. Otro que cacerolea sobre este tema es el exponente del Partido Obrero, Carlos Altamira que consideró como un atropello que el Gobierno, que “aplica un ajuste”, quiera “prohibir la lucha contra el ajuste”. Expresión tan manipuladora que parece un titular de Clarín.

Para una discusión seria hay que cerrar los oídos a tanta vocinglería. Las principales voces que deben escucharse en estos temas son las de los referentes de organismos de DDHH y organizaciones sociales. Si el CELS lo considera como “un retroceso respecto de estándares sobre protesta social que se fueron construyendo durante todos estos años”, habrá que reformular el proyecto y aclarar sus objetivos. Si para el militante social Luis D’Elía el “proyecto suena feo, contradictorio”, se deberán considerar las modificaciones que sugiera.

Mientras tanto, hay que mirar las fotos y también la película. Los cortes de rutas, autopistas y demás vías de acceso se están convirtiendo en un molesto folklore. Más que visibilizar un problema, estigmatiza a sus protagonistas, que consiguen más antipatía que adhesión, que atraen la atención más hacia el caos de tránsito que hacia los motivos. Más en la forma que en el fondo. Más en la foto y nada en la película. En esta película de recuperación y ampliación de derechos que estamos protagonizando, las fotos no deben desviarnos de su línea argumental: desde 2003, se han buscado soluciones a conflictos acumulados en tres décadas y nada indica que vaya a detenerse esa tendencia. Lo que debe evitarse es que, entre las fotos que demandan respuestas se mezclen las imágenes espeluznantes de los que nos ponen zancadillas.