Los caranchos se defienden

Desde que se anunció el envío del proyecto para reflotar la tan pisoteada ley de Abastecimiento, los popes del empresariado están bastante alterados. Como no se puede impedir que lloren, al menos habría que exigirles una explicación del motivo de sus lágrimas. Claro, se la ven venir. A la hora de justificar las subas escandalosas en el precio de los productos, quedará en evidencia el latrocinio que significa la tasa de ganancias en la cadena de comercialización. Sobre todo, aquella que proviene de los que ostentan una posición dominante en el mercado. Como cualquier grandote, abusan de su poder y es hora de ponerles un límite. La Asociación Empleados de Comercio de Rosario difundió los resultados de un estudio que revela los desproporcionados aumentos en algunos productos a lo largo de tres meses. “Encontramos una remarcación de precios obscena, vergonzosa, de entre un 50 y casi un 300 por ciento”, señaló Silvana Crocci, de AEC. Si los empresarios están descontrolados y producen estas distorsiones, que no se quejen si el Estado quiere reprimir tanta angurria.  

Lo que indigna es que algunos exponentes de la oposición salgan a defenderlos,  a sabiendas de que no tienen razón. Obsecuentes como siempre con el Poder Fáctico, argumentan que se disparará la inflación, que no habrá inversiones, que se incrementará el desempleo. No resulta creíble que digan que con la aplicación de esta ley la actividad privada se verá perjudicada. Lo que se verá perjudicado será el privilegio del que gozan para robar nuestros bolsillos al ritmo de su descomunal avaricia. Que no hablen de la libertad de mercado porque ellos la han convertido en un libertinaje de piratas. Si tuvieran vergüenza, apoyarían en silencio la nueva ley y tratarían de adaptarse a la convivencia democrática y responsable. Pero como hasta la vergüenza han fugado y descansa junto a millonarias cuentas en el extranjero, patalean como doncellas ultrajadas.

Como siempre, el peor, el más cínico, es el presidente de la SRA, Luis Etchevehere, cuando afirmó que “este proyecto pretende institucionalizar y profundizar los mecanismos de intervención que venimos viviendo los productores hace varios años”. Intervención que les ha permitido acumular, especular y evadir como nunca. Los ciudadanos deberíamos exigir a estos personajes que exhiban la evolución de sus fortunas en estos años antes de coronarlos como voces autorizadas. Y de paso, promover una ley que multe el caradurismo flagrante, porque ya está haciendo mucho daño.

Con una ley así, evitaríamos soportar al infame Domingo Cavallo que pontifica sobre las bondades de su modelo económico desde cualquier letrina. Y ya que estamos, todo el mundo está cuestionando a quienes lo agredieron con insultos y huevos y está bien que así sea. Pero la responsabilidad de un hecho como éste es de los jueces que llevan la causa del Megacanje porque se están tomando demasiado tiempo. Como en el caso de Papel Prensa, los magistrados deben estar esperando que los imputados mueran impunes. Y esto es una enorme provocación. También lo es que canales y radios lo entrevisten y algunas instituciones lo convoquen como si fuera un sabio ilustre. Cada vez que apareció Cavallo en escena ocasionó desastres en nuestra vida cotidiana. Un poco de respeto por todo el dolor que desató en el pueblo argentino es lo menos que podemos pretender.

Una ley así –la del caradurismo- no tendría demasiado apoyo porque definir esa práctica resulta dificultoso. Pero nadie puede dudar sobre la existencia de los caraduras. Y encima tienen voz. Máximo Fonrouge, titular del Colegio de Abogados de la CABA, afirmó en el Senado que “Brasil, Uruguay, Chile no tienen tanta animosidad contra las empresas y tan mal no les va”. Pero allá no debe haber empresarios tan voraces como los nuestros, que multiplican sus ganancias a costa de succionar nuestros salarios. Como no se puede erradicar con ninguna normativa, el caradurismo abunda en todos los que se oponen al proyecto de la llamada ley de Abastecimiento y Defensa del Consumidor.

El porqué de una medida

Una regla de oro que hemos aprendido en estos tiempos: cuando los sectores más concentrados de la economía se incomodan ante una iniciativa, hay que seguir adelante porque ahí está la clave para solucionar un conflicto. El informe de la AEC de Rosario sugiere que una ley que ponga freno al descontrol de los precios no sólo es necesaria para cuidar los bolsillos del consumidor, sino que es imperiosa para neutralizar una peligrosa herramienta de desestabilización. ¿O qué otra cosa es una tasa de ganancia que se proyecta a más del 200 por ciento en los productos de la canasta familiar? Y que no vengan a hacer comparaciones con otros países porque pierden como en la más desigual de las guerras.

En Europa y en EEUU la remarcación sobre el valor de compra se ubica entre el 7 y el 9 por ciento. Un ejemplo puede ayudar a comprender mejor el hurto que nos espera en las góndolas del súper. El litro de leche Sancor tiene un valor de compra de 10,15 pesos. El Coto lo vende a 15,35 (51,23 por ciento), Carrefour a 15,99 (57,54), Jumbo a 15,39 (51,63) y Libertad a 15,60 (53,69). Si la ganancia fuera como la de los países siempre citados, lo que pagaría el consumidor sería algo más de 11 pesos. Entonces que no protesten si ya hemos descubierto el abuso que practican a diario y el Gobierno quiere poner límites.

Y tampoco agiten fantasmas que no existen. “No asustemos a la gente con que desde el Estado se busca perjudicar a las empresas –advirtió La Presidenta, desde la Bolsa de Comercio- Son leyes que existen en todo el mundo”. Desde hace mucho, la empresas concentradas generan inflación con ganancias desmesuradas. En distintas ocasiones se les ha pedido responsabilidad, pero están tan envilecidos que han hecho oídos sordos. Ni los acuerdos voluntarios respetan, porque apelan a todas las trampas posibles para boicotearlo.

Si hace falta una ley que ponga límites a sus ganancias es porque los usuarios estamos padeciendo las consecuencias de su avaricia. Y además, si el país experimenta altibajos en la actividad económica es porque no invierten un centavo de lo que nos birlan. Sobre que están subsidiados y gozan de algunas exenciones impositivas, nos amenazan con despidos y nos estafan con los precios. Evidentemente, lo que nos sobra a los argentinos es la paciencia. Y ya que nos han provocado, no sólo habría que controlar los productos de primera necesidad sino todo lo que se comercializa en el territorio nacional, desde un tornillo hasta un campo, porque el desenfreno no respeta ningún rubro. En una democracia, el bienestar de la mayoría está por encima de los privilegios de una minoría. Eso es lo que debemos comprender para construir un país más justo y equitativo.