Sospechas que se bifurcan

El magnicidio de un hombre pequeño

La jueza Sandra Arroyo Salgado suplicó no politizar la muerte de su ex marido, Alberto Nisman, en un mitin orquestado por los políticos de la oposición unos días antes de la Marcha de los Paraguas. Por supuesto, la jueza participó de ese homenaje-protesta marcadamente político. Después de todo, como familiar, puede hacer lo que quiera con la memoria del fiscal. Cualquier reproche, provendrá de sus hijas o de su ex suegra, Sara Garfunkel cuando todo se resuelva. De la sociedad, por prudencia, tal vez nunca: una madre que busca proteger a sus hijas no es merecedora de reconvenciones. Aunque para lograr ese propósito deba transformar un burócrata en un héroe intachable. ‘Magnicidio’, así definió el episodio en el que Nisman encontró su final. No suicidio, como puede ocurrir con alguien que ha fracasado o padece presiones, sino esa muerte que convierte en inmortal a una víctima notable.

En medio de un despliegue teatral y mediático, Arroyo Salgado utilizó ese término para afirmar que “Nisman no sufrió un accidente, Nisman no se suicidó. A Nisman lo mataron y su muerte es un magnicidio de proporciones desconocidas que merece respuestas de parte de las instituciones de la República”. La institución encargada de dar respuesta es la Justicia, de la que ella forma parte y no puede esperar que, en menos de dos meses, se arribe a una conclusión. Sin embargo, ella necesita demostrar que tiene todo resuelto. Ahora, eso del “magnicidio de proporciones desconocidas” suena un poco exagerado. Sobre todo, después del categórico rechazo de la denuncia nismaniana y el reciclado pollicitense elaborado por el juez Daniel Rafecas. Y más aún, desde que se conocieron los documentos que contradicen lo que Nisman denunció.

Pero a Arroyo Salgado nada de eso la conmueve, porque sus fines están algo alejados de la verdad. Ella dijo que “la investigación de la causa no ha podido comprobar la única hipótesis sobre la base de la que vino encarando todo su trabajo en exclusiva la fiscal”. No se ha podido comprobar porque el caso ha tomado dimensiones públicas; en una situación normal, el caso estaría cerrado en serio. Y después, arremetió: “el suicidio que se pretende comprobar no podrá ser acreditado porque a Alberto Nisman lo mataron”. Como si estuviera dictando la tapa de los diarios, desatiende los hechos que nos mantienen en vilo desde mediados de enero.

La escena de ese domingo sugiere un suicidio y no hay otro dato que apunte a pensar en otra cosa, salvo que se pueda solucionar el enigma indescifrable con el que sueña todo autor de novelas policíacas o el crimen perfecto de un asesino de película. Un cadáver que obstruye la puerta del baño en su departamento cerrado por dentro en un edificio que parece inexpugnable con el arma que le facilitó su amigo-empleado. Fuera de ese baño hay pura especulación: todo lo que se pudo haber armado escapa a las pericias. Lo único que podría aportar algún atisbo de explicación se encuentra en los aparatos de Nisman, pero la jueza Palmaghini suspendió las pericias -que muestran a un Nisman navegando a hora temprana- a pedido de la querellante. La misma que no acudió a la autopsia del lunes 19 y solicitó asistir quince minutos después de que había terminado. Por lo que parece, la ex mujer de Nisman tiene planeados sus pasos desde el momento mismo de la muerte para torcer la investigación iniciada por la fiscal Fein.

Arroyo Salgado es querellante en representación de sus hijas, pero también es jueza. Como cualquier ciudadano, tiene derecho a pensar que fue un homicidio; como jueza, debería saber el efecto que provoca con cada uno de sus gestos. Ella tiene muchas sospechas pero pocos indicios, pocos datos, pero mucho interés. Alguno será político y otro, económico. Ningún seguro de vida se activa ante un suicidio: sólo falta descubrir si el fiscal tenía al día su póliza.