El mito de la tan anhelada gobernanza

La semana termina con una novedad un poco preocupante y bastante dolorosa: un grupo de diputados del FPV se apartaron para construir un bloque justicialista cuyo objetivo será garantizar la gobernabilidad de la gestión de Macri. Esto no quiere decir que los ochenta que quedan en el grupo original sean destituyentes, aunque queda sugerido en el documento de los escindidos. Que los doce se comprometan a ser una oposición responsable, parece sugerir que los kirchneristas no lo serán. Además, como si los que ahora son oficialistas hubieran sido responsables cuando fueron oposición. Por el contrario: gracias a su irresponsabilidad opositora conquistaron este arrasador oficialismo. De acuerdo a estos acomodamientos políticos, parece que la oposición tiene que garantizar una responsabilidad que el propio oficialismo no tiene. Porque lo que ha hecho el Gran Equipo desde el 10 de diciembre –incluso desde antes- es hacer imposible cualquier forma de gobernanza.

Así es: la institucionalidad del país ha sido alterada desde el mismo momento en que los caprichos del ahora empresidente y la complicidad judicial desterraron a La Presidenta doce horas antes del final de su mandato. Y eso no es nada; fue apenas el inicio de un aluvión de decretos e iniciativas, cuyo fin ha sido poner fin a la institucionalidad construida durante doce años. Los más memorables: la creación de un Ministerio de Comunicación que desechó a un basurero la ley de SCA y Argentina Digital y a las autoridades legalmente designadas en la AFSCA y la AFTIC, con episodios propios de un gobierno de facto; el nombramiento de dos miembros de la Corte Suprema de Justicia en comisión, algo inadmisible en la Constitución; el traspaso de las escuchas del Ministerio Público Fiscal a la Corte, contra lo que dispone la ley; la suspensión de la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal; la persecución hasta la renuncia de funcionarios que debían permanecer por dos años más, como el director de RTA y del Banco Central; el pedido de renuncia de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, un cargo vitalicio al que se accede por concurso y con acuerdo del Senado. Nada de todo esto garantiza la gobernabilidad de un país que venía reconstruyéndose lentamente desde la explosión de 2001, la crisis más profunda de nuestra historia.

A todo esto se añade la eliminación de las retenciones, de los controles a la compra de dólares, de los cupos de exportación y la devaluación de la moneda, medidas que constituyen una distribución regresiva del ingreso hacia los sectores más ricos de la sociedad. Con estas cuatro medidas, la inflación se duplicó en pocos días y el salario perdió casi un 40 por ciento de su poder adquisitivo, además de augurar recesión, desempleo y reducción de las fuentes laborales. Nada de todo esto está orientado a gobernar un país, sino a provocar una crisis ingobernable. ¿Qué quieren esos diputados cismáticos, garantizar algo que no está en las intenciones del gobierno?

Una democracia muy particular

Por si todo esto fuera poco, durante la campaña electoral, el entonces candidato Macri y sus adláteres prometían eliminar de la TV Pública el programa 678, la gran pesadilla de los periodistas voceros del establishment. Un ciclo demonizado hasta la parodia porque logró desmontar operaciones y mentiras de los medios hegemónicos y poner en evidencia groseras contradicciones de los exponentes de la oposición. Sin dudas, un producto que quedará para la historia de los medios porque se animó a revelar las nocivas estrategias para manipular al público. Además, se convirtió en un emblema para un nutrido grupo de ciudadanos que se vio representado, por primera vez, en un programa de profundo contenido político. La multitud que coreó la combinación numérica en la despedida de Cristina será una insólita muestra de una adhesión difícil de vulnerar.

Pero la persecución a los periodistas no terminó con el fin de 678, sino que se extendió hasta el desconocimiento de los contratos de periodistas en la Radio Pública, que, gracias a la intolerancia macrista, han quedado fuera del aire. El clímax de este afán censor se dio con el despido de Víctor Hugo Morales de radio Continental que, si bien fue una decisión empresarial, quedó en sintonía con el deseo oficial de silenciar voces opositoras. La gobernabilidad que quieren garantizar los doce diputados que se apartaron del kirchnerismo incluye el brutal despido de más de 25 mil trabajadores en distintas dependencias del Estado, con la generalizada calificación de ñoquis.

Y también incluye la injusta e ilegal prisión que padece la dirigente social Milagro Sala, una decisión propia del Señor Feudal de una provincia que cuenta con el satisfecho aval del Ejecutivo Nacional. Un encarcelamiento sin causa que tiene como objetivo castigar a la organización Tupac Amaru por distribuir dignidad entre los habitantes más desplazados de Jujuy. Un secuestro inquisidor con formato de justicia exprés que logró despabilar a muchos ciudadanos de la modorra veraniega. Una oscura decisión represiva que mereció el repudio más allá de nuestras fronteras. ¿Merece esto garantizar la gobernabilidad?

Pero hay más: optimistas y festivos, los integrantes del equipo económico anuncian la proximidad de un acuerdo con los buitres, un puñado de angurrientos que extorsiona al país para multiplicar las ganancias de unos bonos de deuda comprados mucho tiempo después del default de 2002. Ellos no nos prestaron nada, pero los trataremos como si fueran nuestros benefactores. Con las condiciones de pago que aceptó el 93 por ciento de los bonistas ya obtendrían jugosas ganancias por lo que compraron a bajo precio, pero con la complicidad del juez Thomas Griesa, la indiferencia de la Justicia Imperial y la sumisión de las actuales autoridades, obtendrán un plus de más del 150 por ciento. Y esto lo van a presentar como una gran victoria: ser víctimas de una de las más grandes estafas que hemos padecido. Además, cierra las posibilidades de concretar cualquier acuerdo beneficioso con las deudas futuras y legitima el accionar de los especuladores.

Los diputados separatistas del FPV que quieren garantizar la gobernabilidad, ¿analizaron todo esto a la hora de tomar su decisión? Después dicen que piensan en el pueblo, algo que ni siquiera está entre los objetivos de la alianza gobernante. ¿Acaso no advierten que las promesas de campaña ya han sido incumplidas en los primeros dos meses después de haber asumido? ¿No sospechan que la invasión de CEOS empresariales en la administración del Estado no tiene como meta el beneficio público sino el corporativo? En el documento constitutivo de este nuevo bloque, los diputados declaran que el “objetivo fundamental será defender la vida en democracia, bregar por la paz social, arbitrar los medios para lograr acuerdos sociales, políticos e institucionales para la gobernabilidad de las provincias y el país”. ¿Para qué? ¿Para beneficiar a una minoría privilegiada?

Por eso, no sorprende que la diputada Juliana Di Tullio se muestre tan dolida: “que 12 ex compañeros le den la posibilidad al Gobierno de Macri de tener quórum es una pésima noticia para los que representamos el 49 por ciento que no votó a este gobierno. Bossio le hace el juego político al ajuste”. Por eso, más que oposición responsable, estos doce diputados comandados por el otrora angelical Diego Bossio se convertirán en peleles funcionales a un oficialismo irresponsable.