viernes, 22 de marzo de 2013

Una Justicia para el futuro



Ya ha pasado una semana y hemos agotado la creatividad especulativa sobre el rumbo que tomará el nuevo Papa. A partir de ahora, sólo estaremos expectantes. Las sacudidas que provocó su designación ya se están calmando. Las acusaciones de complicidad o, cuanto mucho, de silencio otorgador, pasaron a ocupar un segundo plano, aunque nunca se abandone el manto de sospechas. Los pasos que dé Francisco de ahora en más descartarán o confirmarán cada una de ellas. Aunque no tiene demasiado sentido: nadie se atreverá a firmar un pedido de captura internacional contra el Sumo Pontífice. Además, dejó de ser Bergoglio para asumir su nueva personalidad, que parece tener un divino halo de protección. La polvareda que desató semejante sorpresa ya se está aplacando y nos permite nuevamente posar la mirada sobre la escena local, tan agitada por los agoreros y los conspiradores de siempre. Una semana de distracción es suficiente. Ahora debemos volver a llamar la atención sobre los especuladores, los apologistas de la desmemoria y los nostálgicos de nuestro peor pasado, que tuvieron en estos días vía libre para desplegar su accionar carroñero.
Muchos de nuestros actuales problemas se originan, sin dudas, en la oscilante resolución del pasado. Desde 2003, el Estado nacional se puso al frente de la reconstrucción de nuestra memoria y abrió las puertas para juzgar a los responsables y cómplices de la última dictadura cívico-militar. Pero con timidez, a los beneficiarios que, en realidad, fueron instigadores. Uno ya se fue hace unos días, auxiliado con una bien lograda impunidad. Quedan otros, que inevitablemente envejecen y también pueden abandonar este mundo como intocables de la justicia. El domingo se cumplirán 37 años del inicio de la peor historia y, aunque el resultado de muchos juicios resulta auspicioso, el avance hacia los civiles circula por una vía mucho más lenta. Claro, no es lo mismo enfrentarse a viejos militares repudiados por casi toda la sociedad que a poderosos exponentes del establishment que están a la cabeza de importantes empresas.
Ni hablar de muchos jueces que fueron nombrados en esos oscuros tiempos y que aún hoy continúan en ejercicio como si nada hubiera pasado. Lejos de agradecer la confirmación de sus cargos en los primeros tiempos del retorno a la democracia, siguen conspirando contra ella y pisoteando cualquier sentido de justicia. El sobreseimiento, que es una medida que toma un tribunal cuando no hay motivos para proseguir con un juicio, parece una constante y termina siendo un indulto de facto. En estos días se revocaron muchas de estas resoluciones que tenían como objetivo la impunidad de los sospechados. Uno de estos casos tiene a la provincia de Salta como escenario. El ex juez federal Ricardo Lona es el beneficiado, acusado por delitos de lesa humanidad por “encubrimiento y prevaricato” en once denuncias por secuestro y homicidios antes y durante la dictadura. En síntesis, se lo acusa de no haber investigado once hechos que llegaron a su conocimiento como único juez federal de Salta, sobre desaparición de personas, homicidios y privaciones de la libertad.
Los integrantes de la Cámara de Casación decidieron la revocación de los recursos que protegían al reo desde junio de 2010. “Consideraron que su actuación no fue sólo de encubridor –explicó el fiscal federal Horacio Azzolin- sino también de coautor de los hechos junto con los militares y policías imputados y, por lo tanto, podría recibir una pena más grave, pero como paso previo le impidieron que salga del país”. Este es el tercer sobreseimiento desechado por Casación, dictados en su momento por la Cámara Federal de Salta. Lo más grave: 67 magistrados salteños se excusaron por tener vínculos con el ex juez. Corporación o familia, que le dicen. Así no avanzaremos más.
Pero la resolución del pasado no atañe solamente a los crímenes cometidos durante la dictadura. Durante gran parte de nuestros tiempos democráticos la Justicia argentina siguió con sus vaivenes de impunidad. Ahora le toca a Menem, con todas sus décadas a cuestas, rendir cuentas ante la Señora que necesita vendas nuevas sobre sus ojos. Parece que no necesitará considerar en qué institución geriátrica pasará sus últimos años porque el Estado le ofrecerá una tan segura que hasta está rodeada de rejas. Primero, la Cámara de Casación revirtió un sobreseimiento dictado en primera instancia, lo que permitirá al ex presidente afrontar su condena por el contrabando agravado de armas a Ecuador y Croacia. Mientras la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se apresta a tratar el desafuero de tan nefasto personaje, la Corte Suprema despejó el camino para que la investigación del estallido en la Fábrica Militar de Río Tercero llegue a juicio oral. Estos dos hechos, que ocurrieron hace 17 años, se relacionan porque la explosión tuvo como objetivo ocultar la desaparición del material bélico que se contrabandeó a Croacia. Puede ser que esta vez no escape de lo que merece.
Y esto no es mero afán vengativo. Una sentencia judicial no sólo afecta al imputado, sino que desalienta acciones similares. Muchos de los que destruyeron el país y lo condujeron al desastre de 2001 gozan de una inmerecida libertad. Esto permite que muchos exponentes de la no-política pugnen por el retorno a esos tiempos. Y no sólo por la corrupción ostentosa de los funcionarios de entonces sino por las decisiones gubernamentales que no tenían como objetivo alcanzar el bien común sino el beneficio de unos pocos. Un Cavallo entre rejas desalentaría los cantos de sirena de algunos mercenarios económicos que pululan por los medios. Ni hablar de los evasores y especuladores, que han sacado tajada de todas nuestras dramáticas crisis y que intentan todos los días sacudir la escena económica para que todo se desmadre.
Lo que más indigna es el rigor desproporcionado. Hace más de dos años, las hermanas Jara padecen el encierro por haberse protegido de un acosador. Ailén y Marina volvían de una fiesta cuando Juan Antonio Leguizamón intentó violar a una de ellas. Con dos disparos del arma de fuego que portaba trató de someterla, pero su hermana, Marina, salió del departamento a tiempo y lo hirió con un cuchillo de cocina. A los dos días, Leguizamón fue dado de alta del hospital porque las heridas eran leves. El acosador acusó a las hermanas y policías y jueces obedecieron a un personaje que está involucrado en tráfico de drogas en la zona. Ahora, afrontan un juicio oral por intento de homicidio y ni siquiera se tuvo en cuenta la figura de defensa propia, a pesar de que muchos testimonios confirman que el acoso llevaba ya mucho tiempo. El deterioro emocional de las jóvenes no logra conmover al Tribunal N° 4 de Mercedes, que demora demasiado en considerar las pericias psiquiátricas que aconsejan el arresto domiciliario. ¿No es demasiado rigor para un caso así? ¿No se nota demasiado la connivencia con personajes nefastos?
Los que destruyeron el país reciben un tratamiento respetuoso y hasta se les pide permiso para ser interrogados, mientras dos chicas que se defienden en un intento de violación padecen la cárcel hasta la depresión. Nuestro futuro exige una Justicia que actúe con ecuanimidad y compromiso. Y celeridad, más que nada. De lo contrario, seguiremos dando vueltas en un laberinto monstruoso.

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