La rebelión de las corporaciones

Como si fuera un mensaje cargado de simbolismo, el juez Horacio Alfonso concedió una nueva protección a Clarín justo el día en que conmemoramos un nuevo aniversario de la recuperación democrática. Ironía, advertencia o amenaza, pero de ninguna manera justicia. Tal vez sea una provocación más para agotar nuestra paciencia. Las corporaciones siempre tienen un as en la manga para burlar la ley. Los poderosos apelan a todas sus tretas y mientras disfrutan de sus privilegios, estamos condenados a esperar la concreción de nuestros derechos. Acá está la grieta que algún zopenco mediático ha denunciado tantas veces; aquí está la división insalvable que estamos empezando a comprender en su más cruda dimensión. Si no superamos estos obstáculos, pronto se convertirán en murallas que nos inmovilizarán para siempre. De ahora en más, debemos aprovechar todas las ocasiones para demostrar nuestra unidad, la única fortaleza legítima para frenar tanta prepotencia.

Con comprensible irritación, el titular del AFSCA, Martín Sabbatella cuestionó con dureza este absurdo fallo. “La Justicia debería preocuparse en exigir que las leyes se cumplan, no en darles herramientas a los grupos concentrados para que las eludan”, sentenció el funcionario. Sin dudas, ésta es la síntesis más adecuada de la situación. Hace más de cinco años que se sancionó la ley de SCA y todavía no ha podido aplicarse en su principal destinatario. La legalidad democrática no puede alcanzar su plenitud porque un manojo de jueces se ha convertido en el brazo ejecutor de una estrategia de desgaste. A falta de militares dispuestos a un golpe de Estado, siempre resultan funcionales los golpecitos del martillo judicial. Saludable sería que los magistrados de las instancias superiores desautoricen cuanto antes a este cómplice de Clarín. Cuanto antes significa en pocos días, porque cada letra de esta ley ya se ha discutido en todas las instancias imaginables y ha servido como modelo en aquellos países que se han propuesto reordenar el mapa mediático. Y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, no debería guardar silencio en este tema porque también su legitimidad y la de sus colegas están cuestionadas.

El argumento esgrimido por el juez Alfonso parece un aburridísimo sueño recurrente. Algo que se discutió en las audiencias convocadas por la CSJ y que se consideró irrelevante. En su resolución entendió que “la adecuación y enajenación compulsiva” de los bienes de Clarín “provocará una grave afectación patrimonial y operativa cuyas secuelas serían de muy difícil o imposible reparación”. Desde el punto de vista económico la reparación proviene de la venta que –compulsiva o no- significará dinero. Si las secuelas de imposible reparación tienen que ver con lo simbólico, con la incidencia que goza el Grupo en la sociedad, es precisamente lo que busca modificar la norma tan resistida: que no exista posición dominante para que convivan opciones discursivas. Esta nueva cautelar no tiene un objetivo jurídico; sólo busca ganar tiempo para mantener intacta la capacidad de daño hasta las elecciones presidenciales. Por eso esta estratagema debe desmantelarse cuanto antes y el sicario con toga, recibir un castigo ejemplar.

Un hilo de esperanza

A simple vista, parece que algunos jueces ostentan un poder que supera el del pueblo soberano. Causas dolosas que prescriben por cajoneo y pavadas mediáticas que se elevan a juicio oral entre las tandas del noticiero de la tarde. Un rápido paneo por los casos más resonantes basta para conformar un panorama desolador. El ovillo está tan enredado que resulta difícil encontrar la punta. Sin embargo, en medio de tantas penumbras podemos vislumbrar una pequeña lucecita. Brillo diminuto que se convertirá en faro cuando tiremos de las primeras hebras.

El sistema judicial con iluminados imperecederos está llegando a su fin. Que sea el único poder no representativo del Estado convierte a los jueces en personajes aristocráticos. La independencia de los poderes debe ser una garantía, no un privilegio. El año pasado, la CSJ consideró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura, un fallo con sabor a veto, facultad que sólo tiene el Ejecutivo. Una reforma elaborada en el Congreso, promulgada por Presidencia y pisoteada por los Supremos. Como frutilla del nocivo postre: la declaración de inconstitucionalidad debe hacerse sobre un caso concreto y no como en este episodio, que fue en abstracto.

Cuando un poder tiene supremacía sobre cualquiera de los otros, la República se vulnera. Los tres deben interactuar para resguardar las relaciones en la sociedad y proteger a los más vulnerables, no entorpecer la tarea para favorecer a los poderosos. Para que esta tarea sea más sencilla, el Estado debe evitar el desequilibrio de poder entre individuos y sectores y si lo hay, que sea controlable. Lo que estamos presenciando es una puja entre los que buscan el equilibrio y los apologistas del desequilibrio. Otra vez la división insalvable: la grieta. No hay conciliación posible entre estas partes; cualquier intento resultaría un pegote, un simulacro de democracia, como hemos vivido muchas veces. El resultado de esta batalla debe terminar en la supremacía de una sobre la otra.

Pero los tres poderes del Estado no actúan en conjunto para conquistar la armonía. Por el contrario, uno de ellos lo impide. Al menos, un número considerable de sus integrantes. Si esto ocurriera en el Ejecutivo o Legislativo, el voto popular corregiría esa anomalía. Pero en el Judicial es casi imposible. Como no necesitan conseguir votos para su permanencia, muchos hacen lo que quieren. Y en ese lo que quieren está favorecer intereses, conquistar prestigio, imponer su mirada patricia y algunos accesorios más. Antes lo sospechábamos; ahora tenemos la certeza. Y ahí está la lucecita, la punta de la que debemos comenzar a tirar para desenredar este embrollo.

En esta semana, el diputado Carlos Raimundi presentó una iniciativa para indagar sobre las aptitudes psicofísicas del Supremo Carlos Fayt que, con 97 años, excede en 20 la fecha límite para ejercer. El apoyo al proyecto en algo incidió: casi al instante se resolvió la cautelar que protegió durante diez años a La Nación y otros diarios, que están obligados a pagar los tributos adeudados, aunque en condiciones más beneficiosas que las reclamadas. No importa: esto demuestra que son vulnerables y sienten dónde metemos el dedo. Por ahora, les hacemos sentir cosquillas y eso los tambalea. Un solo caso más, para evitar la sobredosis de optimismo: ante las causas que acumula en el Consejo de la Magistratura, el juez Claudio Bonadío utiliza las herramientas de su cargo para amenazar y extorsionar. Pero sus últimas decisiones de tan obvias, son más apropiadas para un mafioso de comedia barata que para un juez federal.

La desesperación les hace perder la sutileza a todos los que quieren retornar a un statu quo atroz. De tan temerosos o consustanciados con el Círculo Rojo, nadie se atreve a fallar en contra de sus integrantes, como los casos de delitos de lesa humanidad o las denuncias sobre las cuentas en Suiza. Ellos siempre tienen un as en la manga pero nosotros tenemos el mazo entero. Sólo falta que la elaboración del reglamento de este juego esté verdaderamente en nuestras manos. La Fiesta de la Democracia es una buena oportunidad para demostrar que sabemos todo esto y tenemos la decisión de transformar de una vez y para siempre este maravilloso país.