Muchas sospechas para un solo conflicto

El jueves pasado un hecho sacudió las tapas de los diarios: el conflicto de los docentes santacruceños había llegado a CABA y de esta manera logró nacionalizarse. Pero no por el conflicto en sí, que ya lleva dolorosos 57 días, sino por una palabra que se había colado en la crónica, la tan adorada por algunos y repudiada por la mayoría, la  represión. Ese día, efectivos policiales  intentaron desalojar –con mucha amabilidad, por supuesto- a los manifestantes que realizaban un acampe y un grupo comenzó a arrojar piedras. No creo que esa haya sido la actitud de los docentes que reclamaban por un aumento salarial. Según versiones, mientras unas treinta personas agredían a la policía, los que manifestaban miraban sorprendidos, tratando de despegarse de esa violencia inusitada. No es la primera vez que ocurre algo así. Hay algunos ciudadanos que no pertenecen a ningún grupo para poder filtrarse en todos.

Pero vayamos al conflicto en la provincia que dio origen al movimiento que hoy gobierna nuestro país y que lo hará por unos años más. El paro por tiempo indeterminado comenzó el 11 de abril a partir de un reclamo del 50 por ciento de aumento salarial. Puede parecer excesivo el pedido cuando el resto de los gremios a nivel nacional acordaron un incremento del 25 por ciento en sus haberes. Pero el costo de la canasta familiar en Santa Cruz es uno de los más altos del país y su relación con el salario docente no garantiza una vida muy digna que digamos. En efecto, una familia necesita entre siete y nueve mil pesos para vivir y un maestro recién iniciado cobra algo más de 3500 pesos. Además, el alquiler de un departamento sin muchas pretensiones alcanza los dos mil pesos.

El gobernador Daniel Peralta ofreció un 25 por ciento de incremento, es decir, la mitad de lo reclamado y es por eso que el conflicto continúa. Cuando se declara un paro por tiempo indeterminado, no hay vuelta atrás porque es la medida más extrema que pueda plantearse y dificulta las posibilidades de conciliación.

Desde el principio, la adhesión a la medida de fuerza fue del setenta por ciento, aunque fue decreciendo con el paso del tiempo. Hoy hay un cuarenta por ciento de los colegios que funcionan con normalidad. Para complicar el panorama, un grupo de estudiantes tomó la sede del gremio ADOSAC en reclamo del reinicio del ciclo lectivo. Mientras tanto, la Justicia está evaluando la posibilidad de declarar ilegal la medida de fuerza. Y para debilitar la protesta, las autoridades educativas de la provincia piensan adelantar el inicio del receso invernal para dar tiempo a que la justicia se expida.

El Ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, declaró que no hay razón que justifique este paro y lo etiquetó como político. Eso no explica nada porque toda medida de fuerza es una acción política. No aporta nada esa calificación en medio de un conflicto que es a todas luces político, como debe ser cada acción humana en la sociedad.

Ahora bien, lo que cabe preguntarse sobre esta medida de fuerza es su funcionalidad, a quién sirve en medio de una campaña electoral. Ya es conocido que  peticionar en un período así garantiza una respuesta a los reclamos, o al menos a una negociación más favorable. Pero la pregunta va más allá pues apunta a dilucidar si la búsqueda de la nacionalización del conflicto no significa horadar la imagen del Gobierno Nacional.

Tan es así que otros gremios docentes están sumando su apoyo a la medida de fuerza de los santacruceños. En Córdoba hay deliberaciones en ese sentido y en CETERA otro tanto. Quieren convocar a una medida de fuerza para este miércoles en repudio al accionar policial del jueves pasado. El 8 de junio, un sector de la CTA, junto a AMSAFE Rosario y otros gremios realizaron un paro de 24 horas en sintonía con los reclamos de los docentes del sur del país.

En este conflicto, llaman la atención muchas cosas. En primer lugar, la imposibilidad de diálogo que se trasluce en la relación entre los gremios y las autoridades provinciales. Por otra parte, la extensión del conflicto que hace peligrar seriamente el ciclo lectivo. La beligerancia que se da en este hecho suena sospechoso ya que el estilo que se ha instalado desde hace algún tiempo es la búsqueda de solución a los conflictos.

Algunos pueden pensar que esta extensa contienda puede afectar la imagen del Gobierno Nacional con vistas a las elecciones primarias del 14 de agosto. De ser así, la Presidenta podría intervenir para calmar las aguas y concretar una tregua. Podría girar los fondos para colmar las aspiraciones de los docentes. Aunque también reciba críticas por esta decisión, la solución de un conflicto tan prolongado puede hacer un aporte en la consolidación de su imagen, a riesgo de desatar otros reclamos salariales en la región.

El silencio oficial llama la atención. Tal vez se encuentre una respuesta en la filiación de un sector de ADOSAC al núcleo duro del gremialismo opositor. Desde esta premisa, no hay solución posible, pues la medida de fuerza no tendría como objetivo lograr el incremento salarial sino prolongar la situación conflictiva, solamente agitar las aguas. Una cosa es atender un reclamo salarial y otra someterse a una extorsión. En medio de este tironeo, entre las autoridades provinciales y nacionales y los dirigentes gremiales están los docentes que son los que padecen los apretones de una economía doméstica que no les cierra, que buscan alcanzar un nivel salarial más digno y que hace 57 días que están fuera del lugar que da sentido a su trabajo.

Muchas cosas son sospechosas en este conflicto, como muchas lo serán en esta campaña ausente de propuestas pero abundante en sucesos inentendibles. Pero en el medio de esta puja, siempre en el medio, está el ciudadano, como demandante de una respuesta a sus problemas cotidianos o como rehén de un escenario que está más allá de su comprensión.